El Gobierno de Cantabria hoy ha dado un paso más contra la libertad en la aplicación de la llamada ley de Memoria Histórica y Democrática con la convocatoria, a través del BOC, de la orden de subvenciones a ayuntamientos para apoyarles en el cumplimiento de esta norma.
Según el vicepresidente, Pablo Zuloaga, se trata “profundiza en el conocimiento de la verdad y sirve para reconocer y honrar dignamente la memoria de las víctimas”.
En concreto, el Ejecutivo colaborará económicamente, con un máximo de 5.000 euros por solicitud, en la retirada de escudos, insignias, placas, monumentos conmemorativos y otros objetos o menciones de exaltación personal o colectiva de lo que llaman la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión
de la Dictadura.
También se financiará la elaboración de catálogos de vestigios relativos a la Guerra Civil y la época franquista retirados y/o pendientes de retirar, y la elaboración de censos de edificaciones y obras realizadas por miembros de “los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas”.
También, se subvencionará la asistencia y asesoramiento a los vecinos del municipio para los trámites que deban realizar debido al cambio de nombre de calles, plazas o barrios, y las obras en cementerios destinada a la inhumación de los restos de personas desaparecidas del bando republicano durante la Guerra Civil o “la represión política posterior que, una vez localizados, no sean reclamados por sus descendientes”.
Los municipios que quieran acogerse a esta línea de ayudas “para la recuperación de la Memoria Histórica de Cantabria” tendrán un plazo de 20 días para presentar sus solicitudes.
Una vez más el Gobierno se olvida de los problemas reales de los cántabros en plena crisis del Covid-19 y olvida a las víctimas de la represión del bando republicano por medio de las checas o las atrocidades cometidas en el buque prisión Alfonso Pérez.