La extrema izquierda sigue con su objetivo de derrocar a la Corona en plena crisis del Covid-19 y así evitar que se hable de sus escándalos como el “Caso Dina”.
Ahora, Izquierda Unida de Cantabria quiere que el Parlamento se pronuncie sobre la retirada de honores al rey emérito Juan Carlos I tras conocerse su marcha de España.
En un comunicado, la coordinadora de IU en la provincia, Leticia Martínez explica que “es en el Parlamento donde reside la soberanía popular de los cántabros y, por tanto, sus representantes deben pronunciarse sobre si legitiman o no las prácticas de la monarquía”.
“El presidente Revilla tiene una gran oportunidad de demostrar su discurso contra la corrupción y el PSOE su supuesto carácter republicano, incluso Ciudadanos puede confirmar su presunto mensaje de regeneración”, ha indicado.
La PNL pide que el Parlamento inste al Gobierno de Cantabria a mostrar su apoyo a las investigaciones sobre el rey emérito, abriendo la investigación a todas las personas que puedan estar implicadas, por acción u omisión.
También se respalda que deje de pertenecer a la familia real y se le quite el título de emérito, además de instar al Congreso a que revise los aforamientos, tanto de los cargos públicos como de los miembros de la familia real.
En el plano de los honores, se pide retirar aquellos que el Gobierno o el Parlamento de Cantabria hayan promovido o aprobado, tales como el nombre de Juan Carlos I de edificios dependientes de la Administración Pública, premios o cualquier otra instancia, sea física o simbólica.
En la misma línea, se aboga por instar a las Administraciones locales de Cantabria a revisar su callejero para eliminar las alusiones al rey Juan Carlos I de cualquier espacio municipal.
Además, plantean que se valore la posibilidad de incluir a la monarquía y el modelo de Estado en alguno de los próximos barómetros de opinión que elabora y publica periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas, con el fin de pulsar la opinión “real” de los ciudadanos.
“Justamente porque la monarquía es una magistratura hereditaria, porque el monarca no puede ser desalojado de la Jefatura del Estado cada cuatro años, es por lo que la exigencia del conocimiento de su aceptación por la opinión pública se hace todavía más necesaria que respecto de los cargos elegidos mediante el voto de la ciudadanía”, ha concluido
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